Son 650 planteos en la Capital provincial que lograron una solución a través del organismo.
La Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Provincia de Córdoba, a través de la vía administrativa, logró durante 2015 altos índices de eficacia y eficiencia en la solución de conflictos que se plantean entre consumidores y empresas a través de la vía administrativa.
Según explicó su director, Andrés Varizat, durante los 10 primeros meses se solucionó un promedio del 80% de los casos ingresados, a través de las preconciliaciones, audiencias conciliatorias o acuerdos realizados por el área jurídica. En la ciudad de Córdoba, este porcentaje se traduce en 650 casos solucionados por mes.
En relación a la eficacia, a partir del momento en que se ingresa el reclamo, la vía administrativa soluciona la mayoría de los conflictos planteados en un plazo de entre 2 a 4 meses, y en algunos casos en plazos aún menores. Tomando en consideración la eficiencia, mejor utilización de los recursos, el sistema resulta muy económico. Para el reclamante se trata de un procedimiento totalmente gratuito y que no exige patrocinio obligatorio de abogado, y para el Estado provincial los costos en tiempos, recursos humanos y físicos se reducen al mínimo.
Varizat recordó que un consumidor que pretenda efectuar un reclamo a causa de la adquisición de bienes o servicios con destino final, tiene dos opciones, un juicio tramitado en el Poder Judicial o la vía de reclamos derivados de relaciones de consumo.
Destacó que “la gran amplitud de la relación de consumo, permite que la vía administrativa puede aplicarse a muchos supuestos tales como la venta de viviendas, lotes, automotores, celulares, electrodomésticos, y en relación a servicios de telefonía e Internet, bancarios, de medicina prepaga, turismo entre otros”. Y agregó: “Se trata de un procedimiento de solución de conflictos ágil y económico y como tal resulta sumamente adecuado para los tiempos que corren, en especial para todos aquellos reclamos de montos pequeños o medianos en los cuales un proceso judicial resulta demasiado costoso o demasiado extenso”.
Aclaró que este procedimiento “no sólo beneficia al consumidor, también resulta de utilidad a las empresas o a los comercios como forma de solucionar problemas con sus clientes y también como forma de evitar una posible sanción”.
