El Tribunal Electoral contratará un sistema para monitorear que los partidos no violen los límites que establece el Código Electoral.
Por primera vez, la Justicia Electoral provincial auditará la publicidad de campaña emitida por medios de comunicación radiales y televisivos de toda la provincia, con el objetivo de que ni las empresas ni los partidos y alianzas políticas que compiten en las elecciones del 5 de julio violen lo autorizado por la Ley Electoral Nº 9571.
Para eso, el Tribunal Electoral de la Provincia solicitó a la Administración del Poder Judicial la contratación de un sistema de auditoría de medios electrónicos, según se publicó el viernes en el Boletín Oficial de la Provincia. El control apunta a resguardar el cumplimiento del reformado Código Electoral provincial en lo que hace a publicidad por radio y televisión por parte de las doce fuerzas que presentan listas. Siete de ellas tienen candidato para gobernador, legisladores y tribunos de cuenta, y otras cinco sólo competirán para la Unicameral.
La ley establece financiamiento público y privado para los partidos y alianzas. En el primer caso, se hace a través del Fondo Permanente para Financiamiento de Campaña, del orden de los 15 millones de pesos. De este monto, el 30% se distribuye en partes iguales entre once de las doce fuerzas que presentan candidatos, ya que la Coalición Cívica (que tiene listas solo para candidatos a legisladores) está sancionada por no haber presentado la rendición de las elecciones anteriores.
El 70% restante se divide proporcionalmente de acuerdo a la cantidad de votos que las fuerzas hayan obtenido en los últimos comicios. Tiene un tope, ya que ninguna propuesta puede recibir más de lo que recibió el ganador de las elecciones provinciales de 2011. Según comentó Carlos Azócar, vocal del Tribunal Electoral, el dinero no es entregado en efectivo sino como espacios radiales y televisivos que contrata el propio Tribunal.
Luego de varias reuniones entre los jueces electorales y los apoderados de las fuerzas políticas, estos espacios financiados por el estado provincial podrían emitirse a partir de mañana miércoles. Para eso fue necesario confeccionar una grilla de medios y un proceso de contratación de precios entre las empresas.
Fondos privados
Por otra parte, con la última reforma del Código Electoral que autorizó un fuerte incremento a la financiación privada de la campaña (reforma impulsada por Unión por Córdoba y acompañada por aliados) los partidos y alianzas podrán gastar en publicidad y propaganda de medios electrónicos hasta cinco veces más de lo que reciben del Fondo público. Esto no incluye publicidad gráfica ni en sitios Web.
Además, las fuerzas políticas tienen habilitado un gasto de hasta 25 millones de pesos por lista para “gastos electorales”. Por tales es considerado todo gasto en logística, organización y funcionamiento que no sea propaganda.
Obviamente, este tope beneficia a los “partidos grandes” y perjudica a los más chicos.
Control a los medios
Enlazado con lo anterior, el Tribunal Electoral también auditará las contrataciones realizadas por los partidos que competirán el 5 de julio en medios audiovisuales. En ese sentido, en la Resolución 26 publicada el viernes se resolvió pedir a los medios (radios y TV) “un informe detallado de las contrataciones realizadas por partidos o alianzas que participan de las elecciones provinciales” y de “quienes son los responsables de esas contrataciones” de espacios. Esto es porque según la ley 9571 solo pueden contratar espacios en medios masivos de comunicación el propio Tribunal Electoral (financiamiento público) y los responsables políticos de cada lista (fondos privados), excluyendo expresamente que terceros contraten avisos para un partido o candidato.
