Con amplio consenso la Unicameral aprobó el Proyecto que propone una modificación al artículo 281 de la Ley N° 8123. El legislador Julián López argumentó a favor de la reforma que promueve la incorporación de los artículos 281 bis y ter, que regulan el instituto de la Prisión Preventiva en el proceso penal cordobés.
Tres son los objetivos que se mencionaron para solicitar la reforma. En primer término la necesidad de adaptar la norma procesal a los lineamientos que surgen de la jurisprudencia sentada por los más altos tribunales de nuestro país. Por otro lado la reforma propuesta pretende reorganizar la actual redacción del artículo 281 tendiente a lograr una regulación sistemática del instituto de la prisión preventiva, diferenciando, con la incorporación de dos nuevos artículos, los criterios de riesgo procesal de fuga y de entorpecimiento. Pero el objetivo fundamental, según expresó Julián López, consiste en desarrollar medidas específicas para los casos de violencia de género y familiar, ello como continuidad a las políticas públicas ya tomadas por el Gobierno Provincial. El Legislador explicó en el recinto: “La presente reforma tiene en miras fundamentalmente la complejidad que presenta la investigación y esclarecimiento de los hechos de violencia de género y violencia familiar, respecto a este flagelo es que se torna necesario desarrollar medidas específicas tendientes a tutelar a ese segmento de la conflictividad penal”.
Según fundamenta el proyecto se pretende con esta propuesta de reforma ordenar, actualizar y sistematizar una de las herramientas procesales más relevantes con la que cuenta el sistema penal.
Por otra parte, y luego del trabajo de los parlamentarios en la Comisión conjunta de Legislación General; Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género; se dio tratamiento también al proyecto 19079, iniciado por Legisladores de bloques de la oposición, por el cual se proponía la modificación del artículo n° 268 de la Ley N° 8123, Código Procesal Penal, referido a la situación de libertad a quien se le atribuya participación en un delito. La reforma propuesta brinda la posibilidad a los magistrados de poder imponer a toda persona a quien se le atribuya la participación en un delito como condición para mantener su situación de libertad, la obligación de cumplir con el uso de dispositivos electrónicos en caso de violencia de género.
El legislador Julián López finalizó su argumentación diciendo: “Estamos convencidos que de las modificaciones propuestas, son un paso que, sumado a las distintas políticas públicas implementadas ayudará de manera considerada a erradicar la violencia, porque abordar el problema de manera integral, siempre en protección de la víctima, es el camino a seguir”
