El Presidente informó que la cerealera, actualmente en convocatoria de acreedores, será intervenida por 60 días para garantizar la continuidad de la empresa y la conservación de los 7000 puestos de trabajo. Gabriel Delgado será el interventor. El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para la expropiación, que declarará a la compañía de «utilidad pública».
